Nueva vía para resolver el conflicto del Palacio Álava-Esquivel entre Tánger y Vitoria-Gazteiz
Una nueva vía se ha abierto para resolver el conflicto urbanístico que la capital vasca Vitoria-Gasteiz mantiene desde hace años con Tánger por el palacio Álava-Esquível, ubicado en el casco histórico, propiedad de la ciudad marroquí.
La ciudad del Estrecho abonará en los próximos días 19.720 euros de los 493.000 que debe al Ayuntamiento por el inmueble, situado entre las calles Herrería y Zapatería.
Tánger realizará un pago inmediato del 4% de la cantidad pendiente “en los próximos días” para demostrar su “voluntad” de avanzar hacia la resolución definitiva del expediente.
Ambas instituciones pusieron en valor la nueva etapa de “diálogo constructivo” y se emplazaron a mantener nuevas reuniones, según el acuerdo alcanzado tras la reunión entre la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria que visitó a su homólogo de Tánger, Mounir Lemouri.
El pago representa solo el 4% de la cantidad pendiente y el resto de la deuda se llevará al pleno de octubre de Tánger mientras enviará técnicos a Gasteiz para inspeccionar el edificio.
La ciudad del Estrecho presenta el acuerdo como una muestra de su voluntad de avanzar hacia una solución definitiva para un expediente que acumula nueve multas y años y años de incumplimientos.
Tánger también se ha comprometido a llevar a su pleno general de octubre una propuesta para aprobar el pago del principal de la deuda. Además, deberá establecer un mecanismo que permita abonar a partir de entonces los impuestos municipales vinculados al histórico inmueble.
El acuerdo no concreta de forma específica cuándo se pagará la totalidad de la deuda, ni fija una fecha para el comienzo de las necesarias obras. Ambos ayuntamientos se han emplazado a mantener nuevas reuniones para desarrollar los compromisos alcanzados durante el encuentro.
Una delegación técnica de Tánger viajará a Gasteiz en septiembre para inspeccionar el edificio. La visita se apoyará en el informe elaborado por el departamento municipal de Urbanismo, que recoge las patologías del inmueble y las intervenciones necesarias para frenar su deterioro.
El acuerdo llega después de una década de promesas que no han conseguido resolver el problema. Tánger ya saldó en 2016 una deuda anterior de cerca de 17.000 euros y anunció entonces una rehabilitación integral del palacio, pero el proyecto no llegó a ejecutarse.
Con el paso de los años, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fue imponiendo multas coercitivas por el incumplimiento de las obligaciones de conservación.
En enero de 2024, la deuda ascendía a 421.000 euros y el Gobierno municipal decidió no imponer una décima sanción después de que Tánger volviera a mostrar su disposición a pagar y actuar sobre el inmueble. Etxebarria y Lemouri mantuvieron en febrero de 2024 un primer encuentro en Vitoria-Gasteiz, presentado como el primer contacto institucional directo entre ambas ciudades en décadas.
Los dos ayuntamientos anunciaron entonces un grupo de trabajo técnico, aunque la rehabilitación continuó sin ejecutarse.
Desde la reactivación de las conversaciones en 2024, la deuda ha crecido en unos 72.000 euros hasta alcanzar los 493.000 euros actuales. El Pleno de Vitoria había fijado además el final del primer semestre de 2026 como límite para alcanzar una solución pactada.
Ese plazo terminó el pasado 30 de junio. Parte de la oposición había planteado la posibilidad de imponer una décima multa coercitiva o estudiar la expropiación del edificio si Tánger seguía sin cumplir sus obligaciones.
El nuevo acuerdo aplaza, por el momento, esas medidas y devuelve el conflicto a la vía negociadora. Su alcance dependerá ahora de que el primer pago se materialice, el pleno de Tánger apruebe el resto y la visita técnica termine convirtiéndose en obras.
La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, anunció que viajaría a Marruecos para tratar de buscar una solución para el histórico edificio y analizar las alternativas jurídicas y administrativas que podían desbloquear un expediente que acumula nueve multas, dando prioridad a la “colaboración” entre ambas instituciones.